Hace dos semanas que el tren de mercancías que va hacia el norte de México, conocido como «La Bestia» por la dureza de su camino, viaja casi vacío en la ruta del Golfo, sin los miles de migrantes que lo utilizan para alcanzar¹ su sueño de llegar a Estados Unidos, pues les ha sido prohibido abordarlo.
Se complica así más el camino de las miles de personas que atraviesan² cada año México ya que, como denuncian los defensores de derechos humanos, continúan sufriendo el hostigamiento³ de los cárteles del narcotráfico, pero ahora son más vulnerables ante los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM). «Ellos han estado caminando y al caminar Migración los espera con la Policía federal para realizar operativos, golpearlos⁴ y repatriarlos», denunció el padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos del Camino de Ixtepec (Oaxaca).
El pasado 31 de marzo, la fiscalía⁵ del Estado de Veracruz anunciaba que por instrucciones del gobernador Javier Duarte se había presentado una denuncia contra las empresas Ferrosur y Kansas City Southern de México, por su presunta responsabilidad por acción u omisión en ilícitos y violaciones a los derechos humanos contra migrantes. «Hay testimonios que indican que personal operativo de los ferrocarriles de estas empresas complacen⁶ y ayudan a que se cometan diversos delitos, desde robo, tráfico de personas, lesiones y hasta extorsiones, [...] que incluso les llegan a costar la vida a los migrantes».
Nada nuevo, nada que los defensores de derechos humanos y los propios migrantes no lleven años denunciando, ante el caso omiso de las autoridades.